La Razón. 22/04/2024.

Una de las trabas más relevantes para que las personas migrantes puedan llevar a cabo un proceso normalizado de participación social en España es el derivado de las exclusiones arbitrarias que la mayoría de entidades financieras siguen practicando, a pesar de que las legislaciones española y europea las hayan declarado ilegales.

 

El acceso de cualquier persona a una cuenta bancaria básica, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, que le permita realizar las principales transacciones relacionadas con el trabajo y el consumo (cobrar una nómina, pagar alquileres, suministros, etc.), está protegido por la Directiva Europea 2014/92, desarrollada normativamente en España a través del Real Decreto Ley 19/2017 y el Real Decreto 164/2019. A pesar de ello, como constata la experiencia generalizada de personas migrantes y refugiadas, recogida a través del trabajo de organizaciones como Red Acoge, se trata de un derecho vulnerado de forma sistemática por las entidades financieras. Esta práctica habitual de exclusión encubre un trasfondo de xenofobia institucional.

 

En una información del 22 de abril, el diario La Razón aborda, aparentemente, esta realidad. Sin embargo, el punto de vista desde el que lo hace dista mucho de ser el de la exposición o denuncia de la vulneración de un derecho. El titular elegido en la introducción de la pieza periodística liga la reciente campaña electoral de Cataluña con las propuestas políticas que pretenden promover la inclusión financiera de la población migrante. Para ello, se recurre a un tono alarmista que centra el foco sobre las acciones sancionadoras con las que se pretende hacer cumplir la ley y no en la problemática que afecta a la vida de gran número de personas en España. Este titular se remata con la denominación “inmigrantes ilegales” para referirse a quienes sufren unas prácticas que, en propiedad, sí son ilegales. Se produce así una inversión del sentido del concepto “ilegal”: las personas no pueden ser ilegales, aunque sí sus actos. En este caso, la ilegalidad radica en la exclusión financiera y no en las personas que la sufren o en su situación administrativa.

La fuente aportada por La Razón es la información que publica otro medio (Libre Mercado), en la que se refleja la propuesta realizada por la formación política ERC para promover medidas de inclusión financiera. A pesar de esta contextualización, el efecto directo y con alto poder expansivo del titular utilizado eclipsa el fondo de la cuestión, generando rechazo y alimentando actitudes discriminatorias hacia las personas migrantes.

 

Red Acoge, junto a otras organizaciones del tercer sector, trabaja desde 2021 en la promoción de la inclusión financiera de la población migrante a través de la proposición de medidas legislativas que protejan este derecho básico. La más reciente acción conjunta en este sentido ha sido la campaña “Cuentas pendientes”: https://x.com/REDACOGE/status/1755162223125688355

 

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Red Acoge, Proyecto Inmigracionalismo. Análisis de piezas periodísticas recibidas en el buzón web. 17/09/2024.