El Correo. 26/05/2023.

 

La información se centra en la apertura de un expediente de expulsión realizado por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, a 13 personas que habían ocupado una nave de la zona de Zorrozaurre (Bilbao) el pasado mes de mayo.

 

En el titular se destaca el número de personas expedientadas, priorizándose este dato secundario sobre otros aspectos que serían más relevantes y dotarían a esta pieza informativa de un carácter más humanizador. Además, se informa del trámite que se ha iniciado a los jóvenes migrantes, sin que exista ninguna contextualización de sus procesos migratorios ni de las condiciones que han motivado su llegada y residencia en ese lugar.

En el cuerpo de la noticia tampoco se indica nada sobre el resto de personas que se hallaban en el lugar. Por tanto, la redacción se centra en la presencia de estos jóvenes, a quienes las autoridades encontraron por azar al inspeccionar la nave, y logra separarlos del resto de compañeros “okupas”, haciendo hincapié en su condición de migrantes y su situación administrativa.

 

El uso del término “ilegales” al relacionar este hecho con otros acontecimientos parecidos a los descritos criminaliza a estas personas, de igual modo que reflejar la sensación de “inseguridad” vivida por el vecindario en otros momentos por hechos similares, lo cual puede producir alarmismo social y generar una imagen distorsionada de la migración.

 

Respecto a las fuentes consultadas, la información se basa en declaraciones policiales y no existen otros testimonios de personas migrantes ni de organizaciones el Tercer Sector que les representen.

 

Para ilustrar el texto se incluye una imagen explícita en la que se ve cómo un policía detiene a una persona en primer plano, mientras que el resto se encuentran al fondo, agachados y con esposas, custodiados por otros policías y con el rostro descubierto. Algunas de estas personas en segundo plano parecen ser menores de edad, en cuyo caso se estaría vulnerando el derecho de la propia imagen y derechos de protección a la infancia.

 

Se trata de una pieza mejorable en su tratamiento informativo que perpetúa una imagen negativa de la migración y su vinculación con la pobreza y la marginalidad.

 

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