Canarias 7. 03/06/2023.

 

Estamos ante una pieza periodística en la que se informa sobre un presunto delito de corrupción cometido por una fundación social responsable de varios centros destinados a la atención de infancia migrante en Gran Canaria y Lanzarote, que había sido adjudicataria de una serie de contratos por vía de emergencia para gestionar la llegada de menores que migran sin acompañamiento adulto. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación penal contra dicha fundación por un delito de malversación de fondos públicos, ya que, al parecer, el montante que debía ir destinado a la atención de los menores fue desviado a las cuentas personales de los directores de los centros en beneficio propio, sin que el Ejecutivo autonómico supervisase el desempeño y el cumplimiento de los contratos adjudicados.

 

Tanto en el titular como a lo largo de toda la pieza se utiliza un enfoque criminalizador hacia los niños y niñas que migran solos, refiriéndose en varias ocasiones a ellos y ellas con el acrónimo deshumanizador “MENAS”. Igualmente, se resalta que los recursos de menores siempre han estado rodeados de polémica en las islas, y se hace hincapié en que se destinaban 95 euros diarios por menor sin que hubiera control por parte del Gobierno, en lugar de poner el foco en que las principales víctimas han sido los propios menores que no han recibido la atención correspondiente, fruto de la evasión de los fondos dirigidos a su cuidado, y que se han visto desamparados ante la nula vigilancia de los organismos públicos. Solamente se indica, en el último párrafo del texto, que la citada fundación contaba con varios informes desfavorables de la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo tras inspecciones en las que se apreció “un déficit enorme en el cuidado que estaban dispensando”.  

 

Es imprescindible que los medios de comunicación, al hablar de las personas migrantes, las presenten como sujetos de derechos, y no bajo el paraguas de su condición administrativa (más si cabe en el caso de los niños y niñas, que están protegidos además por la Ley del Menor) para contribuir a un periodismo con enfoque de Derechos Humanos.

 

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